UNO aglutinó en una jornada, a la que asistieron más de un centenar de profesionales del sector, a Administración, cargadores y operadores para abordar los retos y desafíos del megatruck en España. Tras casi dos años de operaciones de este vehículo en nuestro país, el sector demandó en la jornada de UNO una mayor agilidad en la concesión de las autorizaciones, de manera que estos vehículos puedan operar como cualquier otro y no sometiéndose a  los actuales protocolos administrativos, que requieren incluso realizar la inversión en el vehículo mucho antes de obtener la certificación para circular con él.

Gefco, Acotral, XPO Logistics, Carreras, Narval y Palibex contaron su experiencia con el megatruck en distintos ámbitos. Entre las conclusiones de la jornada, destacaron datos como que la mayoría de los operadores prevén la amortización de la inversión realizada en estos vehículos en un plazo de tres años. Según quedó reflejado durante la jornada, el megacamión reporta de media una horquilla de ahorro para las empresas de entre el 15 % y el 25 %, llegando incluso al 30 % en algunos casos, lo cual supone una ampliación del margen de beneficios. Durante el encuentro, se hizo un llamamiento para la defensa de estos vehículos de cara a la Administración para reducir su carga administrativa.

La DGT, también presente en la jornada, puso el foco sobre los datos que ya posee de estos vehículos. La DGT ha autorizado, entre enero y noviembre de 2017, 306 permisos de megacamiones. La provincia española que más licencias ha recibido es Zaragoza, que concentra el 84,97 % de las solicitudes, seguida, de lejos, por Barcelona (2,94 %), Navarra (2,61 %) y Madrid (1,31 %). Según los datos aportados por la DGT en la jornada, durante este año se han realizado un total de 7.785 viajes con megacamiones (vehículos de hasta 25 metros y con capacidad de transporte de 60 toneladas).

Entre limitaciones que entorpecen la implementación del megacamión en España, y que nada tienen que ver con las infraestructuras, está la escasa “flexibilidad” legislativa, la demora en los tiempos de espera para conseguir un permiso (en torno a los tres meses) y el requerimiento de una autorización para cada ruta de transporte, lo que obliga a los compañías a trazar itinerarios invariables y resta competitividad a sus operativas.